Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que desestima la reclamación de una empresa que gestionaba residencias de mayores por gastos extraordinarios realizados durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19. Objeto de la apelación lo es la sentencia de la instancia sin que sea válido reproducir los argumentos de los escritos iniciales. El contexto en el que se produce la reclamación de cantidad es el de un relación contractual mediante contrato de gestión de servicios en que la empresa debía adoptar medidas extraordinarias que se alega supusieron una serie de costas materiales y personales absolutamente extraordinarios pues ciertamente no pudieron ser tenidos en consideración en el momento de realizar la propuesta para la licitación del pliego y adjudicación del contrato. Sin embargo, la Sala ostenta dudas, incluso, sobre si verdaderamente se trata de una reclamación en el ámbito contractual -solicitud de restablecimiento del equilibrio económico- o ante una reclamación indemnizatoria por daños, propiamente dicha. Además, tiene en cuenta la concesión directa de subvenciones a centros residenciales por la pandemia de las que se benefició la actora para compensar el incremento de costes. Principio de congruencia.
Resumen: El Tribunal desestima el recurso que formula el demandante contra la sentencia desestima la demanda en la que pretende un concreto horario escolar durante un año, alegando que de tal forma adapta su jornada laboral a sus necesidades personales -estudios universitarios- y el trabajo, reclamando también indemnización por vulneración de derechos fundamentales. La Sala asume, en primer lugar, una parte importante de la reforma fáctica propuesta en el recurso, luego de indicar los requisitos legales al efecto. Luego señala cómo la Ley, en la redacción vigente al tiempo de la petición del demandante, permite la adaptación de la jornada laboral por razones de conciliación de la vida familiar y laboral, no personal y laboral y que, por razón de estudios, no cabe aplicar la norma que aduce el demandante, sino que sólo caben los tradicionales permisos que prevé de siempre el Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, añade, hubo un adecuado proceso negociador, pues éste no tiene porqué consistir en formular propuestas alternativas por la empresa, sino que puede consistir en exponer y probar las causas que impiden acceder a la petición. En el caso, la mínima duración de las clases y el respeto del mínimo de descanso entre clases. El hecho de que en el año anterior se compatibilizasen ese estudio y trabajo fue debido a que el horario de trabajo terminaba antes y operaban las restricciones COVID-19, siendo que la nueva petición pretende mayor reducción de jornada, manteniendo el salario.
